Un análisis sobre los avances y las asignaturas pendientes en la reducción de la brecha de desigualdad en el México de 2026.
La justicia social suele sonar como un concepto etéreo, casi una utopía de escritorio, pero la verdad es que para millones de mexicanos es algo tan concreto como el precio del kilo de tortilla o la posibilidad de que un hijo termine la universidad. Este 20 de febrero de 2026, México conmemora el Día Mundial de la Justicia Social bajo una luz distinta: la de los números que, por primera vez en décadas, parecen contar una historia de convergencia y no solo de fragmentación.
De acuerdo con el primer informe de gobierno de la actual administración, el Coeficiente de Gini —esa aguja que mide qué tan repartido está el pastel en un país— se ubicó en 0.391, una cifra que sitúa a México como el segundo país con menor desigualdad en el continente, superado solo por Canadá (fuente: INEGI/Informe de Gobierno 2025). Para ponerlo en perspectiva, es como si una familia que antes se arrebataba los platos ahora empezara a encontrar un lugar para todos en la mesa. Este avance no es fortuito; es el resultado de una política de «Prosperidad Compartida» que ha apostado por el incremento sostenido del salario mínimo y una red de transferencias que hoy llega a los rincones más olvidados de la patria.
Sin embargo, hay que ser honestos: los promedios nacionales a veces son como un abrazo que no aprieta. Si bien es cierto que la pobreza laboral tocó un mínimo histórico del 33.9% a inicios del año pasado (fuente: México ¿cómo vamos?), la realidad golpea con fuerza cuando recordamos que todavía existen 44.2 millones de compatriotas que, a pesar de trabajar jornadas completas, no ganan lo suficiente para cubrir la canasta alimentaria. Es ahí donde la justicia social deja de ser una estadística para convertirse en una deuda ética. Y es que no basta con tener un empleo; lo que México necesita es que ese empleo sea la puerta de salida a la precariedad.
Al caminar por los estados del sur, como Chiapas o Guerrero, el ritmo del progreso se siente más lento, casi pesado. Mientras que en el norte la industria vuela, en estas regiones la pobreza laboral aún supera el 50%. La brecha no es solo geográfica, sino también de género. La verdad es que las mujeres mexicanas siguen enfrentando un muro invisible: el informe anual de la Secretaría de Bienestar 2026 señala que la brecha de participación económica entre hombres y mujeres se mantiene estancada en los 0.609 puntos, una señal clara de que el cuidado del hogar sigue recayendo desproporcionadamente en los hombros femeninos.
A pesar de los nubarrones, hay señales de esperanza. El gobierno ha integrado para este 2026 un presupuesto robusto enfocado en la vivienda adecuada y la consolidación de sistemas de protección social universal, como la Pensión Mujeres Bienestar. La intención es clara: mover el enfoque desde la simple entrega de dinero hacia la creación de infraestructura social que permita la movilidad. Es por ello que la revisión del T-MEC en este año se vuelve crucial; no solo es un acuerdo comercial, sino una oportunidad para que el crecimiento económico deje de concentrarse en las élites y se filtre hacia la base de la pirámide.
En última instancia, la justicia social en México no se alcanzará solo con decretos o transferencias bancarias. Se requiere de un país donde el lugar donde naces no determine tu destino final. Hemos avanzado, sí, y los datos del INEGI así lo validan, pero la tarea sigue siendo inmensa. Mientras un niño en la Selva Lacandona no tenga las mismas oportunidades tecnológicas que uno en San Pedro Garza García, nuestra celebración de este día seguirá siendo agridulce. Al final del día, la justicia es eso: que la prosperidad deje de ser un privilegio de pocos para convertirse en el patrimonio de todos.
