Veintiún fiscales generales estatales, así como decenas de senadores y representantes estadounidenses, han expresado su apoyo a la demanda del estado de Luisiana que impugna la política de la era Biden que permite el envío de píldoras abortivas por correo.
Esta política de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) eliminó las normas de seguridad vigentes que exigían consultas médicas presenciales antes de que se pudiera recetar el aborto químico.
Múltiples estudios han mostrado altas tasas de hospitalización en mujeres que toman la píldora abortiva, lo que ha llevado a defensores provida y republicanos a instar a la administración Trump a tomar medidas. Si bien las salvaguardas de la FDA podrían restablecerse, la Casa Blanca no lo ha hecho.
Las píldoras abortivas, que pueden enviarse a todos los estados, incluso si son ilegales en el estado en cuestión, facilitan el acceso al aborto químico. Cifras recientes muestran que esta modalidad representa aproximadamente dos tercios de todos los abortos en Estados Unidos.
Luisiana demandó a la FDA por la falta de salvaguardias en octubre de 2025. Mientras tanto, los fiscales generales de 21 estados presentaron un escrito amicus curiae el 13 de febrero en apoyo de Luisiana.
Ese mismo día, 19 senadores y 40 representantes estadounidenses también presentaron un escrito amicus curiae, alegando que la FDA violó la ley federal al eliminar el requisito de dispensación en persona de la mifepristona.
«La FDA de Biden no contaba con pruebas suficientes para concluir que eliminar el requisito de dispensación en persona era seguro», se lee en el escrito de 23 páginas de los legisladores. «Y dado que ahora no se requiere una consulta en persona, las mujeres no pueden someterse a pruebas de detección significativas para detectar contraindicaciones graves para el uso de este medicamento, como un embarazo ectópico».
«Esto también aumenta la probabilidad de que algunas mujeres sean obligadas a tomar estos medicamentos contra su voluntad», continuaron los legisladores.
Los fiscales generales presentaron argumentos similares en su informe de 21 páginas, afirmando que la administración Biden se centró en los estados provida porque los medicamentos abortivos de entrega por correo facilitan el debilitamiento de las leyes estatales.
Un juez federal dicta sentencia contra los centros de embarazo de Massachusetts
Un juez federal desestimó una demanda interpuesta por un grupo de centros de embarazo de Massachusetts, argumentando que el estado violó sus derechos amparados por la Primera Enmienda al advertir a las mujeres sobre el supuesto peligro que representan.
El juez federal de distrito Leo Sorokin falló el 17 de febrero en contra del grupo de centros de embarazo que afirman la vida.
Tras la anulación del caso Roe vs. Wade en 2022, Massachusetts financió la campaña «Equidad Reproductiva Ahora» contra los centros de embarazo en crisis, presentándolos como engañosos y fraudulentos.
En 2024, el Departamento de Salud Pública del estado anunció en un comunicado de prensa el lanzamiento de lo que describió como una «campaña educativa» para destacar los peligros y posibles daños de los centros de embarazo en crisis.
Los centros de embarazo argumentaron ante el tribunal que Massachusetts había violado su derecho a la libertad de expresión y a la práctica religiosa, así como el derecho a la igualdad de protección contra la discriminación por motivos de religión y discurso político.
El Senado de Virginia Occidental prohíbe la píldora abortiva por correo
El Senado estatal de Virginia Occidental aprobó el 13 de febrero un proyecto de ley diseñado para proteger a las mujeres y a los fetos al restringir el aborto por correo. La votación fue 31 votos a favor y uno en contra. La medida ahora pasa a la Cámara de Delegados estatal.
El proyecto de ley penaliza a quienes distribuyen píldoras abortivas por correo a Virginia Occidental e incluye penas de prisión para quienes lo hagan sin licencia médica.
El jueves también se presentó un proyecto de ley que autorizaría a un programa gubernamental de apoyo a la salud a utilizar fondos para la reversión de la píldora abortiva.
El Programa de Apoyo al Embarazo para Madres y Bebés de Virginia Occidental, financiado por el estado, brindaría apoyo para la reversión de la píldora abortiva, que consiste en que una mujer tome progesterona poco después de tomar la primera píldora abortiva para proporcionar nutrientes al feto.
Por su parte, un proyecto para derogar la ley de zonas de contención del estado de Nuevo Hampshire, que limita las protestas en torno a las clínicas de aborto, ha avanzado en la legislatura estatal.
La ley actual exige que los manifestantes se mantengan a 7,6 metros de la entrada de las clínicas de aborto y de salud reproductiva.
Conocida como la Ley de Libertad de Expresión en las Aceras, el nuevo proyecto de ley anularía esta ley. El texto establece que “el derecho a la libertad de expresión protege los puntos de vista controvertidos, impopulares, ofensivos o inconvenientes”.
Publicado originalmente en EWTN News. Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa.
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