Este 19 de febrero, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, un nuevo instrumento jurídico que beneficiará, en teoría, a los más de 600 presos políticos que existen en el país, según registran diversas organizaciones independientes.
La legislación fue impulsada luego de la captura y extradición de Nicolás Maduro a Estados Unidos, el 3 de enero, con el objetivo urgente de “ofrecer una oportunidad para vivir en paz y tranquilidad en Venezuela”, según su explicación de motivos. Desde entonces, más de 300 personas que estaban injustamente detenidas fueron excarceladas progresivamente, aunque la mayoría bajo medidas cautelares.
Jorge Rodríguez, presidente de la asamblea y hermano de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, agradeció este jueves el trabajo de los parlamentarios y su disposición con respecto a la ley de amnistía, la cual —aseguró— es señal “de un nuevo tiempo político que debe transitar el país”.
“Lo único que lamento es que hayan tenido que darse hechos tan lamentables y catastróficos para que todas y todos busquemos y promovamos la hermandad, la unión y la paz de la república”, dijo el presidente del legislativo, quien fuera uno de los funcionarios más representativos y polémicos de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
La nueva legislación fue luego entregada a Delcy Rodríguez, en el Palacio de Miraflores, para su firma y promulgación. Flanqueada por su hermano y por Diosdado Cabello, ministro de Interior, Rodríguez puso su rúbrica en el documento y pidió “máxima celeridad” en su aplicación. La presidente interina también llamó a los parlamentarios a que revisen los casos no contemplados en la ley recién aprobada.
Diversos analistas de oposición han criticado la ley de amnistía por no considerarla lo suficientemente amplia. Según estas opiniones, cientos de presos políticos encarcelados entre 1999 y 2025 quedarían marginados de su aplicación.
La legislación tampoco abarcaría a políticos y activistas exiliados con inhabilitaciones políticas y procesos penales abiertos en el país, siendo María Corina Machado el caso más representativo.
La semana pasada, los obispos de Venezuela ratificaron “su cercanía y solidaridad” con los presos políticos y con sus familiares. El episcopado calificó las cientos de liberaciones ocurridas desde el 3 de enero como “un signo positivo” y solicitaron “la plena liberación” de los que aún quedan detenidos y de quienes salieron de las cárceles con medidas cautelares.
“Seguimos con interés la propuesta y el camino de aprobación de una ley de amnistía general, que necesariamente debe ser amplia e inclusiva, fruto de una extensa consulta a todos los sectores de la sociedad civil”, dijeron los obispos a través de una nueva exhortación pastoral.
“Sería un paso importante para emprender el largo y difícil camino de la reconciliación nacional y el restablecimiento de la convivencia social y democrática”, manifestaron.
Juan Pablo Guanipa agradece a la Chinita por su libertad
En la madrugada de este viernes, el líder opositor Juan Pablo Guanipa anunció que le fue otorgada libertad plena, tras más de ocho meses de prisión en una cárcel de Caracas y algunos días de prisión domiciliaria en Maracaibo.
A través de un video grabado “bajo el impresionante sol marabino”, Guanipa dijo en la mañana del viernes que “para darle gracias a Dios y a la Virgen” se acercaría a la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, patrona del estado Zulia. “¡Qué viva Venezuela libre!”, expresó.
Así ocurrió, y a su llegada fue recibido por decenas de personas —entre vítores y aplausos— a las puertas del imponente e histórico templo católico, ubicado en el centro de Maracaibo.
En una entrevista realizada hace pocos días, Guanipa dijo que su cautiverio sirvió para fortalecer su fe y aseguró que agradece a Dios por todo lo que vivió en los últimos meses.
“Yo soy católico practicante y salí más católico todavía. Con mucha más fe de la que tenía anteriormente”, remarcó.
ACI PRENSA
