Aquel febrero de 1913, el Palacio Nacional no solo fue testigo de un golpe de Estado, sino del desmoronamiento de la esperanza democrática bajo el peso de la traición.
La historia de México tiene fechas que sangran, y ninguna supura tanto como los diez días de febrero de 1913. Francisco I. Madero, el «Apóstol de la Democracia», creía que la legitimidad del voto era un escudo suficiente contra las bayonetas. La verdad es que su bondad fue su guillotina. Lo que comenzó como un cuartelazo encabezado por Manuel Mondragón y Félix Díaz, terminó convirtiéndose en una ratonera de la que el presidente no saldría con vida. La Decena Trágica no fue un accidente, fue una coreografía del horror diseñada para que el pueblo suplicara orden, sin importar el precio.
Todo se precipitó el 9 de febrero, cuando los rebeldes liberaron a Bernardo Reyes y Félix Díaz. Madero, montado en su caballo en la famosa «Marcha de la Lealtad», intentó demostrar que el Ejecutivo seguía firme. Sin embargo, cometió el error más costoso de nuestra historia: entregar el mando de las tropas federales a Victoriano Huerta. Es por ello que, mientras las calles de la Ciudad de México se llenaban de cadáveres y el olor a pólvora lo invadía todo, la verdadera traición se cocinaba a fuego lento en los despachos, lejos del frente de batalla.
La tensión alcanzó su punto máximo entre el 17 y el 18 de febrero. Huerta, jugando a dos bandas, fingía defender el gobierno mientras pactaba con los insurrectos. Y es que, como documentan las crónicas del INEHRM, el embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, jugó un rol siniestro al orquestar el «Pacto de la Embajada». Este acuerdo no solo buscaba la salida de Madero, sino que ungía a Huerta como el nuevo hombre fuerte. La diplomacia, en lugar de proteger la democracia, le puso la soga al cuello.
El 19 de febrero, bajo presión extrema y con su hermano Gustavo brutalmente asesinado, Francisco I. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez fueron obligados a firmar sus renuncias. Se les prometió un exilio seguro a Cuba; una promesa que, como todo lo que venía de Huerta, era una mentira de cristal. Resulta desgarrador imaginar a Madero en su celda del Palacio Nacional, confiando todavía en que la palabra de honor de un militar tenía valor. El proceso legal fue una farsa: la renuncia fue aceptada por el Congreso, Pedro Lascuráin fue presidente por apenas 45 minutos para nombrar a Huerta secretario de Gobernación y luego renunciar, dejando el camino libre al usurpador.
La noche del 22 de febrero, la tragedia alcanzó su acto final. Madero y Pino Suárez fueron trasladados hacia la Penitenciaría de Lecumberri. La verdad es que nunca llegaron a entrar. En la oscuridad de la calle, fueron bajados de los vehículos y ejecutados por la espalda bajo la farsa de un «intento de fuga». El impacto fue tal que incluso hoy, al leer los diarios de la época custodiados por la Hemeroteca Nacional, se siente el escalofrío de una nación que vio morir a su primer presidente democrático del siglo XX a manos de la ambición más rancia.
Madero murió por no querer ser un dictador, por creer que México estaba listo para la libertad sin tutelajes. Su renuncia forzada y su posterior asesinato no fueron solo el fin de un gobierno, sino el nacimiento de un sacrificio que obligaría a la Revolución a tomar un camino mucho más radical y violento. A más de un siglo, el eco de aquellos disparos en Lecumberri nos recuerda que la democracia es una construcción frágil que requiere, más que ideales, una vigilancia eterna contra quienes confunden la lealtad con la oportunidad.
